Es necesaria una nueva cultura tributaria, donde todos y cada uno paguemos lo que nos corresponde. Pero eso no se logra sólo con leyes más duras ni enviando a la cárcel a los evasores. Se alcanza cuando existe la convicción de que tiene un sentido tributar.

Un estudio conocido a principios de año de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), indicaba que, según cifras oficiales, la Argentina tenía a fines de 2012 una presión tributaria de 37,3%, frente al promedio de 20,7% de América latina y de 34,1% de los países de la OCDE. Segundo, se ubicó Brasil, con 36,3%, también por encima del promedio de la OCDE; del otro lado de la tabla quedaron Guatemala (12,3%) y República Dominicana (13,5 por ciento).

Los países que admiramos por su calidad de vida –los nórdicos, por ejemplo- tienen una presión fiscal que representa poco menos de la mitad del PBI. En Dinamarca la presión fiscal es del 48,9; en Suecia del 48,2, en Francia el 43,6; en Italia y Noruega el 43,4; en Finlandia el 43 por ciento; en Austria del 41.9; en Islandia el 41,4. Hay países con menor presión fiscal. Por ejemplo, Canadá tiene el 33,3; Estonia el 31; Alemania el 36,2; Japón el 27,9; Estados Unidos el 28,3.

Pero volvamos a la Argentina. La presión impositiva en la Argentina representa poco más de un tercio del PBI. Pero no es cierto que en la Argentina hoy la presión fiscal represente sólo el 37 por ciento del PBI. El ciudadano que pretende determinadas condiciones de vida tiene que pagar, además de sus impuestos, muchos de los servicios que debería brindarle el Estado en forma más eficiente.

Además, es muy difícil determinar exactamente cuál es la presión real por la sencilla razón que casi la mitad de la economía funciona en negro. Ante esto se presenta una realidad curiosa:
* Hay gente que debería pagar y no paga.
* Hay gente que paga más de lo que le corresponde.
* El Estado no siempre cumple con lo que promete entregar.

Cuando uno habla de este tema con la gente es común escuchar:
-Yo no pago impuestos. Lo haría si viviera en Suecia donde todo funciona como un relojito. Acá ¿para qué quieren más plata? ¿Para robar más? ¿Para mantener vagos?
Dividamos las aguas.
* Pagar impuestos es una obligación.
* Exigir contraprestaciones es un derecho. En países cuya organización admiran muchos argentinos, quien evade impuestos va a la cárcel.

Un claro ejemplo es Al Capone. No pudieron detenerlo por sus crímenes pero le comprobaron que había evadido el pago de impuestos. Y no hubo poder que lo sacara de prisión.

Es lógico suponer que en los próximos años viviremos dos fenómenos igualmente interesantes de analizar.
* Por un lado una mayor eficacia del Estado para recaudar. Todas las medidas tienden a cerrar el círculo para evitar la evasión. Incluso algunas más duras que ya se avizoran como la creación de los juzgados penal – tributario.
* Por el otro, la necesidad de que el ciudadano común centre su acción más que en la crítica a esa acción del Estado, en exigir que el Estado le de lo que debe darle. Exigir más es decirle al Estado. “señores dirigentes; no nos hagan creer que somos culpable de los accidentes en las carreteras, de la violencia doméstica o del desmadre educativo”. Si el Estado tiene todo el poder, al Estado le corresponde hacer transitables y seguras las rutas, solucionar los problemas de la educación, de la violencia o de la seguridad ciudadana. Es decir, el pueblo debe pagar sus impuestos y a la vez exigir rapidez, prontitud y eficacia a los gestores de sus impuestos.

La sociedad del futuro se basará, seguramente, en un concepto: “yo pago, yo exijo”. Este simple concepto puede cambiar la vida de las sociedades. Y, lo que es más importante aún, pueden representar la más formidable renovación de los cuadros políticos y del funcionariado pues no quedará espacio para los improvisados. En un Estado democrático los ciudadanos tienen derecho a exigir eficacia a todos los escalones del Estado que intervienen en el proceso de la seguridad. El Estado tiene la obligación de poner el arsenal legislativo al servicio de quien cumple la ley. Todo deberá cambiar.

* Hoy un señor paga sus impuestos pero al mismo tiempo debe contratar una prepaga si quiere una atención de la salud de cierto nivel.
* Junto con sus vecinos paga a una empresa de seguridad para que vigile el barrio.
* Como no está conforme con la educación que se les brinda o las huelgas, manda a sus hijos a colegios privados.
* Como el servicio de transporte es malo va a trabajar con su auto y paga estacionamiento.
* Si viaja en avión debe pagar el estacionamiento del auto que lo lleva y la tasa de aeropuerto.
* Si viaja a Mendoza paga al salir y al entrar para que le revisen el baúl.
* Si hace un depósito o emite un cheque paga un impuesto.
* La mitad del importe de la boleta de la luz corresponde a impuestos, fondos hospitalarios y gavelas del Estado.
* Si quiere construir una casa y dar trabajo, debe pagar un derecho municipal de obra.
* Cuando echa combustible, cuando enciende un cigarrillo, cuando compra un auto está pagando casi la mitad del importe en impuestos. Ese ciudadano no comprende donde va su dinero.

Es necesaria una nueva cultura tributaria, donde todos y cada uno paguemos lo que nos corresponde. Pero eso no se logra sólo con leyes más duras ni enviando a la cárcel a los evasores. Se alcanza cuando existe la convicción de que tiene un sentido tributar.

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