Esta entrevista a José Antonio “Pepe” Villa, dirigente gremial de UPCN, fue extraída del libro San Juan 2035 de Juan Carlos Bataller publicado en 2013
Seguramente en 2035 más del 80 por
ciento de los trabajadores del Estado sanjuanino serán profesionales de nivel
universitario. Las preguntas que origina un Estado que estará obligado a
brindar servicios de jerarquía son muchas. Desde si serán trabajadores de
horarios parciales, si los organismos funcionarán cuatro o cinco días por
semana como hoy o todos los días, si habrá una verdadera carrera estatal, etc.
A algunas de estas preguntas responde el secretario general de UPCN y diputado
nacional, José Antonio Villa.
- ¿Cómo imagina el Estado sanjuanino en 2035, tanto en los
servicios que prestará como en su composición ministerial?
-Para elaborar una imagen del
futuro próximo un punto de partida realista nos recomienda instalarnos en la
situación presente y apreciar las
tendencias predominantes. Por consiguiente, la evolución del Estado sanjuanino
hacia el año 2035 deberá contemplar dos tendencias que anticipo inevitables.
> La
primera tendencia se corresponde con una dinámica de ajuste de la actividad
estatal al crecimiento de la población. Sin duda que ese crecimiento planteará
una cierta demanda de servicios (viviendas, infraestructura, salud, educación,
etc.) la cual, a su vez, será determinante de la composición del gasto y del
tamaño relativo del Estado.
> La
segunda tendencia predominante la encuentro asociada a cambios en la matriz de
producción económica de la Provincia de San Juan a través de la apertura de
nuevas explotaciones, orientación hacia nuevos mercados e innovaciones en su
sector tradicional.
>
Respecto a la composición ministerial podemos imaginar que tal vez resulte
necesario llevar a cabo cambios en la incumbencia de las distintas secretarias,
Subsecretarias y Direcciones, siempre en respuesta a los requerimientos que las
mencionadas tendencias impongan en
materia de gobernabilidad, vale decir, de regulación y control.
- ¿Piensa que
muchos de los cargos que hoy ocupan los políticos deberán en el futuro ser
desempeñados por profesionales estables de la planta permanente?
-No debemos confundir la política
con la gestión ya que esta representa el nivel de las decisiones mientras que
la gestión representa la manera de ejecutarlas en las áreas específicas. Ahora
bien, destacar la importancia del profesional estable de la administración
pública nos lleva a diferenciar dos cuestiones.
> Por una parte tenemos la importancia relativa de la
estabilidad en el cargo y la dedicación profesional. Asimismo, creo necesario
recordar que tenemos también la tensión entre el “político” y el “científico”,
que no es de ahora. En realidad, fue planteada hace más de cien años según el prejuicio de que la
política responde a la voluntad de poder y la ciencia al conocimiento
desinteresado. Obviamente, esta cuestión ha sido estudiada y debatida a
propósito del rol desempeñado por la
burocracia a medida que el Estado se tornaba más complejo y ampliaba sus
funciones. Pero lo que frecuentemente se
olvida es que el nivel político conduce a las fuerzas sociales y decide el
orden de las prioridades colectivas. En cambio, el nivel técnico-administrativo
es el encargado de la ejecución eficiente y racional de aquella decisión.
Debemos relativizar esta creencia que la estabilidad implica racionalidad y
eficiencia. Es suficientemente conocido que la psicología de las organizaciones
ha comprobado que, después de todo, la estabilidad en estructuras rígidas llega
a desmotivar las innovaciones creativas.
En los procesos democráticos la
ciudadanía elige a sus dirigentes políticos en calidad de “gobernantes” según
criterios particulares que no están atados al conocimiento técnico. El célebre
Canciller Bismarck sostenía que el “gobierno es un arte” consistente en lograr
que el conflicto social se resuelva a través de las instituciones y bajo
una legislación imperativa. Esto se
consigue únicamente en el sistema de las decisiones políticas cuyo centro
generador es el Gobierno.
– ¿Cómo debería ser para esa época el ingreso a la
administración pública?
-El ingreso a la administración
pública responderá, cada vez más, al cumplimiento de condiciones personales y a
capacidades técnicas según niveles formativos alcanzados. No puede dudarse que
el ingreso a las distintas áreas de gestión del Estado provincial revelará la
exigencia de una capacitación específica en el área en donde el nuevo empleado
público llevará a cabo sus tareas.
Un buen numero de evidencias
destacan el efecto motivador y la corresponsabilidad que implica el
conocimiento de los problemas de cada
área contra todo bloqueo burocrático que limite la información.
El sindicalismo siempre ha
sostenido un “derecho a la información” por parte del trabajador descontando
que produce un efecto motivacional de la tarea. Como es facultad del Gobierno
Provincial establecer las condiciones de ingreso no debería descartarse la
necesidad de un curso previo con un examen de validación.
- ¿Qué requisitos deberá cumplir quien aspire
a la administración pública? ¿Habrá una carrera específica de nivel terciario
que deberán cursar o es partidario de una formación por parte del Estado
empleador?
-
Como las condiciones de ingreso responden a las preferencias de la política de
incorporación de los empleados públicos los requisitos son variables en el
tiempo, excepto la condición básica establecida en la legislación general. El
problema que será preciso resolver se refiere a la formación respecto a la cual
algo adelantamos. Carreras específicas
terciarias universitarias o no-universitarias se imparten actualmente fuera del Estado.
Si bien, por lo que conozco según
informes de los seminarios de capacitación sindical de UPCN San Juan, aquellas
carreras no están centradas en la problemática propia de cada área del Estado
provincial. Considero que bajo ciertos aspectos la formación puede ser
complementaria entre el Estado provincial y los centros académicos que
funcionan actualmente.
No obstante, se debería proceder
en un sentido vertical, o sea, profundizar en conocimientos específicos
aplicados acerca de los problemas que incumben en los niveles de las
Subsecretarias y Direcciones Generales. En este aspecto corresponde al Estado
provincial establecer los programas y los problemas bajo análisis que serán
impartidos a los funcionarios públicos.
- ¿Se mantendrán las condiciones ventajosas de los
empleados públicos respecto a otros trabajadores: jornada continua, de siete
horas, descanso de dos días por semana, gran cantidad de feriados?
-En el futuro imagino que estas
condiciones juzgadas como ventajosas se mantendrán simplemente porque son
condiciones históricas debidamente institucionalizadas. Pero, al igual que
cualquier otra condición laboral dependen de la decisión del Estado mantenerlas
o abolirlas y del sindicalismo estatal someterlas a negociación o defenderlas.
La distribución del poder social
siempre es el reflejo de desigualdades relativas entre sectores,
organizaciones, grupos de ingreso y
distinta capacidad de negociación y presión. No debería sorprender que el poder
sindical organizado en la estructura del Estado provincial tenga mucho que ver
con las ventajas relativas del empleo público.
- ¿Cómo imagina la
acción sindical en el 2035? ¿A qué apuntará más: reivindicaciones laborales,
servicios o formación del trabajador?
-No podríamos imaginar la
actividad sindical futura sin apelar a la memoria. Es bien sabido que las
organizaciones tienen una memoria y la obligación del dirigente sindical es
transmitirla. Deberá mostrar lo que ha hecho en la historia sindical de nuestra
provincia y lo que el dirigente del futuro hará con lo que la historia le
transmite. La responsabilidad dirigencial no puede eludir esta cuestión. Pero
transmitir es enseñar y enseñar es conducir.
En líneas generales se nos propone
imaginar la conducción sindical en el lapso de dos décadas y en qué objetivos
pondrá su acento. Debemos aclarar que las reivindicaciones laborales concurren
a la misma idea estratégica de lo que un sindicato es en realidad. En cambio,
centrar la acción en los servicios o en la formación del trabajador más bien
son objetivos contingentes en una perspectiva de veinte años.
Como la conducción sindical, un
asunto permanente no podría pensarse que se desenvuelva en un medio que no
cambia.
- ¿Piensa que para 2035 habrá un sindicalismo distinto que
en lugar de buscar salarios igualitarios alentará condiciones diferentes
para cada trabajador?
-No encuentro que exista un
conflicto de objetivos entre los salarios y las condiciones laborales
diferentes de cada trabajador. El término “salarios igualitarios” es un
concepto ético y normativo. Es correcto en esa dimensión porque asume como
presupuesto la misma dignidad retributiva para cualquier tipo de trabajo. Pero
no es un término realista. Tampoco verificable en los hechos. Solamente
conocemos su aplicación en la Rusia soviética entre los 1919 y 1923 y en el
curso de la colectivización china en 1950-1960.
Como antes
mencionamos, el carácter dinámico y adaptativo del sindicalismo es evidente que
en el año 2035 la estrategia sindical siempre idéntica en sus principios
experimentará distintas modificaciones tácticas. La reivindicación permanente
del salario constituye uno de los principios sindicales. La solidaridad
orgánica de los trabajadores es el otro. No habrá entonces un sindicalismo
distinto al de ahora en ese orden de cosas.
Pero cuando se pregunta si el
sindicalismo promoverá condiciones diferentes para cada trabajador creo que se
está filtrando un modelo liberal de “contrato individual” y no colectivo. En
efecto, si cada trabajador promueve
condiciones diferentes y, por lo tanto, particulares ¿por qué no negociar en
forma individual esas condiciones? Ciertamente que ello implica un conjunto de
valores que alcanzan realidad en la
relación laboral y en los intereses que van articulando la condición de la
“clase trabajadora”. Por eso no dudamos un instante que la ofensiva
antisindical, en todas partes, posee idéntica matriz ideológica proponiendo un
creciente individualismo en la esfera del trabajo. La ofensiva antisindical
nace de aquella matriz de pensamiento que considera la necesidad de ceder al
mercado o, en los regímenes autoritarios incluso al Estado, el poder social del
trabajo.
> El
segundo interrogante puede ser respondido en la misma dirección que el
anterior. En efecto, la unidad de la “clase trabajadora” es el principio
elemental del sindicalismo y podría decirse que la doctrina sindical no es más
que el desarrollo de ese principio. Pero la “unidad” de la clase trabajadora,
también es una práctica objetiva y organizada. Entonces, se comprende por qué
razón aun tienen mucha certidumbre las
teorías que explican los avances del salario y de las condiciones laborales son
una función del “poder social organizado” que el sindicalismo pone en juego
ante la realidad del mercado.
No es una palabra que crea su
propia realidad con solo pronunciarla. Es un resultado histórico de condiciones
cambiantes y desafíos renovados. Solamente ejerce influencia social por su
capacidad para integrar, movilizar y conducir las reivindicaciones del momento.
Para ello discute, aprueba y lleva a cabo sus programas de acción. Sin duda que
en el año 2035 también existirán programas de acción sindical. Estos programas
tendrán en cuenta la diferenciación de cada trabajador pero lo hará como lo
hace ahora negociando el perfil de los puestos, las tareas, la dedicación
relativa, las escalas salariales y
muchos otros factores.
Cualesquiera sean las respuestas a
esta clase de interrogantes no tenemos otra búsqueda que la de acudir a la
experiencia del movimiento obrero. Detenernos en la perspectiva que ponen de
manifiesto los trabajadores. Sin embargo, no puede desconocerse el efecto futuro de nuevos fenómenos que sin
embargo no impedirán que la estructura sindical proceda a las adecuaciones
tácticas y organizativas necesarias.
PERFIL
José Antonio “Pepe” Villa es desde hace muchos años, uno de los dirigentes gremiales más exitosos y respetados de la provincia.Nacido el 18 de julio de 1944.
Tiene estudios secundarios completos –es perito mercantil- y cursó hasta cuarto año la carrera de Ciencias Económicas en la Universidad Católica de Cuyo.
En el campo político fue diputado provincial en el periodo 1991/95 y diputado nacional desde 2011, siempre por el Partido Justicialista, agrupación de la que integró la mesa directiva durante varios periodos.
Desde 1984 es secretario general de UPCN San Juan, reelegido en ocho oportunidades.
Es secretario de organización de la mesa nacional de su gremio y actuó como representante en varios congresos mundiales, como los de Venezuela, Zimbawe. Finlandia y Japón. Además, participó de varios congresos del sindicato norteamericano de empleados públicos, AFSME.
En los últimos años se ha transformado en un referente del vóley argentino, presidiendo el UPCN Voley, bicampeón argentino de la especialidad y es el vicepresidente de la ACLA, Asociación de Clubes de Voley de Argentina.